La abogada Solimar Mercado-Spencer representa a trabajadores agrícolas de forma gratuita a través del Programa de Servicios Legales de Georgia. A raíz de una reciente investigación federal que descubrió condiciones de “esclavitud moderna” en granjas del sur de Georgia – incluyendo en cultivos de cebollas – Mercado-Spencer dice que muchas personas tienen la misma pregunta: “¿Debería dejar de comprar cebollas de Georgia?”
Su respuesta es: “No es tan simple”.Sería difícil poner en práctica un boicot a los cultivos producidos por la mano de obra que fue explotada, en gran parte porque no está claro qué granjas ocurrieron los crímenes descritos en una imputación presentada el 22 de noviembre por la fiscalía federal para el Distrito Sur de Georgia. La mayoría de los acusados intermediarios, personas que buscaban trabajadores en México, Guatemala y Honduras y los traían a Georgia para trabajar en las granjas (bajo el programa de visa temporal H-2A para trabajadores agrícolas). Varios agricultores que necesitaban mano de obra la obtuvieron a través de contratistas, lo que dificulta probar si los agricultores son legalmente responsables de los abusos que encontraron los investigadores.
Una vez en Georgia, los conspiradores supuestamente vendieron e intercambiaron trabajadores entre ellos.
“Nadie sabe dónde se desempeñaron esos trabajadores porque fueron trasladados varias veces”, dijo Mercado-Spencer.
De los 24 acusados de formar parte de una “red de tráfico de trabajo forzado”, solo dos fueron explícitamente identificados como propietarios de empresas: Charles King, el dueño de Kings Berry Farms y Stanley McGauley, el dueño de Hilltop Packing. Ambos son residentes de Waycross.
Si has sido víctima de maltrato en tu trabajo en Georgia, cuéntanos tu historia (puedes hacerlo de forma anónima si así lo prefieres) mandando un mensaje a Lautaro Grinspan, reportero de comunidades inmigrantes: lautaro.grinspan@ajc.com
¿Qué rol tienen los contratistas?
A falta de mano de obra americana, los agricultores en EE. UU. dependen cada vez más de los trabajadores extranjeros y del programa H-2A. Pero la contratación de trabajadores H-2A es un proceso largo y complicado. Los requisitos del programa incluyen alimentación, alojamiento y transporte de los trabajadores. Para evitar complicaciones y reducir costos, los productores están recurriendo a intermediarios, una tendencia que preocupa a aquellos que luchan por los derechos de los trabajadores.
Según Victoria Mesa-Estrada, abogada del Southern Poverty Law Center, muchos contratistas y reclutadores son inmigrantes o ex trabajadores agrícolas.
“Lo que hacen normalmente es regresar a sus comunidades en sus países de origen. Se ganan la confianza de la gente y así es como reclutan a sus trabajadores ... E inicialmente tal vez estén pensando que están ayudando a su comunidad y ofreciendo trabajo. Pero luego comienzan a volverse codiciosos”, dijo. “Y a medida que se vuelven codiciosos, empiezan a ser abusivos. Empiezan a tomar atajos a costa del bienestar de los trabajadores”.
No todos los contratistas de trabajo agrícola infringen las reglas: algunos son profesionales bien establecidos que operan legalmente. Pero otros, según las autoridades, tratan de aumentar sus márgenes aprovechándose ilegalmente de los trabajadores. Los salarios prometidos no se materializan, los gastos de transporte no se cubren y los documentos de viaje y pasaportes son confiscados para evitar fugas.
En 2020, los contratistas en Georgia trajeron a más de 17,000 trabajadores agrícolas temporales al estado a través del programa H-2A, comparado a unos 6,500 en 2015, según un análisis de datos federales del Atlanta Journal-Constitution. En total, los contratistas emplearon el 64% de la fuerza laboral H-2A de Georgia en 2020, en comparación con el 53% cinco años antes.
“Los contratistas de trabajo agrícola juegan un papel importante dentro del programa H-2A, y usar sus servicios puede ser beneficioso tanto para los agricultores como para los trabajadores”, dijo Chris Butts, vicepresidente ejecutivo del Georgia Fruit and Vegetable Growers Association. Es “importante recordar que los presuntos abusos no son inherentes al programa H-2A, y no todos los contratistas laborales [son corruptos]”.
Añadió: “Creemos que solo un caso de abuso laboral … es inaceptable”.
Qué consecuencias para los agricultores
Las investigaciones sobre la red de tráfico humano en el sur de Georgia están en curso y, según la evidencia que descubran las autoridades, es posible que se puedan acusar a más productores. Eso lo aclaró Mike Rios, coordinador regional del sudeste de la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo de EE. UU., la agencia que supervisa el cumplimiento de las reglas del programa H-2A.
Cuando se determina quién es el responsable de las violaciones, “un tema que surge a menudo es: ¿exactamente cómo hacemos para incluir a los agricultores?” dijo Ríos.
Para responsabilizar tanto al agricultor como al contratista por violaciones laborales, las autoridades deben demostrar que el agricultor ejerció un grado significativo de participación en el maltrato de los trabajadores.
Según Shelly Anand, es una tarea ardua. “Es muy difícil probar que son responsables a menos que los contratistas estén dispuestos a decir: ‘El agricultor me dijo que hiciera esto’”, dijo Anand, directora ejecutiva del Sur Legal Collaborative, una organización sin fines de lucro de derechos de trabajadores con sede en Atlanta.
Anand agregó: “Necesitan agarrarlos con las manos en la masa para que los agricultores sean castigados”.
En opinión de Anand, ese grado de protección ante la justicia es una de las razones por las que algunos agricultores trabajan con intermediarios en primer lugar.
Ríos está de acuerdo.
“Los productores utilizan contratistas por varias razones. Algunas razones son motivaciones financieras relacionadas con el negocio. Si somos honestos, a veces quieren mantener cierta distancia entre lo que les sucede a los trabajadores agrícolas y a ellos mismos”, dijo. “Y hasta ahora, ha funcionado”. Pero no ser legalmente responsable de los abusos no significa necesariamente que los agricultores desconozcan cómo se trata a los trabajadores en sus granjas, según Ríos.
Para que el status quo mejore significativamente, los abogados de derechos civiles dicen que más agricultores deberían ser responsabilizados penalmente por violaciones laborales.
“Creo que hasta que las agencias federales ejerzan todo su poder y vías legales, ya sabes, para responsabilizar a toda la cadena de empleadores por estas violaciones laborales, todo lo que veremos es un grupo de contratistas en la cárcel. Los empleadores simplemente van a trabajar con contratistas nuevos que puedan cometer estos mismos abusos y no ser pillados”, dijo Mesa-Estrada. “Esa es la realidad de la agricultura en Estados Unidos”.
Cuando se trata de responsabilizar a los elementos criminales, el representante David Scott de Atlanta, presidente del poderoso Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes de EE. UU., podría tener cierta influencia.
En una carta que Scott envió el 14 de diciembre a la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU. y a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU., les pidió que “amplíen agresivamente sus poderes de supervisión para proteger a los trabajadores temporeros y migrantes”. También planteó preguntas sobre la supervisión del programa H-2A.
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